Causa por filmaciones ilegales: El abogado de las víctimas confirmó que Aguilar declarará este jueves 18
La investigación avanza con pericias informáticas que podrían revelar más víctimas y delitos conexos.
En diálogo con Radio La Torre, el abogado Sergio Gómez, representante legal de las víctimas del delito de filmaciones ilegales, brindó precisiones sobre el estado actual de la causa y los pasos judiciales que se vienen, incluso en pleno período de feria judicial.
Gómez confirmó que Aguilar permanece detenido en Alcaidía bajo prisión preventiva, imputado por tres hechos de violación de domicilio, uno por cada víctima identificada hasta el momento. Según explicó, la detención no constituye un adelanto de pena, sino una medida cautelar necesaria para garantizar el éxito de la investigación.
La principal novedad es que el jueves 18, a las 10 de la mañana, Aguilar será trasladado al Juzgado de Violencia de Género para prestar declaración indagatoria, en el marco de la feria judicial. La audiencia estará a cargo de la jueza de feria, Dra. Díaz Marano, ya que la jueza natural de la causa, Dra. Flamini, salió de feria en las últimas horas.
“El primer acto procesal de relevancia es la indagatoria. A partir de ahí, la defensa seguramente intentará solicitar la excarcelación, pero nosotros vamos a oponernos”, sostuvo Gómez, al argumentar que existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación si el imputado recupera la libertad.
En ese sentido, el abogado detalló que esta semana comenzará la pericia informática sobre los dispositivos secuestrados, una instancia central para el avance del expediente. El análisis abarcará celulares, sistemas de almacenamiento y posibles nubes digitales, con el objetivo de determinar si existen más víctimas, si el material fue distribuido y si hubo participación de terceros.
“Hasta ahora son tres mujeres las que se conocen y que represento, pero no podemos descartar que haya más personas filmadas que aún no lo saben”, advirtió.
Gómez también destacó la trascendencia social y nacional del caso, al señalar que expuso una fuerte sensación de vulnerabilidad en la sociedad, especialmente en quienes alquilan viviendas y confían en la intimidad de ese espacio. Además, remarcó una falencia del Código Penal argentino, que no contempla de forma específica este tipo de conductas vinculadas al espionaje audiovisual en contextos de privacidad.
“No hay un artículo que diga claramente que filmar o grabar a una persona en su intimidad sin consentimiento sea delito. Eso no significa que esté permitido, sino que evidencia una deuda legislativa muy seria”, explicó.
Finalmente, el abogado subrayó que la investigación recién comienza y que la prisión preventiva se sostiene para evitar fugas, destrucción de pruebas o contactos con posibles cómplices, mientras se analizan horas de material audiovisual que podrían ampliar de manera significativa el alcance de la causa.
