Discapacidad: Mientras las coimas “libertarias” salen a la luz, ordenan a la ANDis devolver las pensiones robadas
Un fallo judicial obliga a Milei y sus secuaces devolver lo quitado a miles de personas con discapacidad.
Esta semana Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal 2 de Catamarca, firmó un fallo que puede frenar los ataques del Gobierno de Javier Milei a quienes perciben pensiones y demás beneficios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). A partir de un reclamo colectivo de personas y organizaciones civiles, el juez federal consideró que las bajas de pensiones no contributivas que vienen realizando las autoridades del organismo desde que La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada fueron ilegítimas e ilegales, por lo que ordenó que se restituyan todas las que se suspendieron de manera arbitraria en todo el país.
El amparo fue presentado por asociaciones de personas con discapacidad, beneficiarios de pensiones y el Defensor del Pueblo catamarqueño. Tras varias maniobras del Gobierno para dilatar el expediente, finalmente el juez Díaz Martínez hizo lugar a la demanda colectiva. Según su resolución, la ANDis debe restablecer de inmediato todas las pensiones que decidió suspender sin siquiera llevar adelante “ningún acto administrativo previo”. Por ser un juzgado federal, la medida tiene alcance nacional.
La demanda cuestionaba de fondo las supuestas “auditorías médicas” establecidas en el edicto 19.437/25 de la Agencia de Discapacidad. Mediante esa medida administrativa insustancial, desde julio muchas personas beneficiarias dejaron de percibir sus pensiones. De un día para otro las dieron de baja y ya no se depositaron esas mensualidades en las cuentas personales de cada pensionado. El proceso de bajas, de todos modos, ya venía dándose desde el año pasado, tras la firma del decreto 843/24 por parte de Milei, que modificaba las atribuciones del organismo para dar o quitar pensiones no contributivas.
Según comprobó el juez, el organismo conducido hasta fines de agosto por Diego Spagnuolo (corrido del cargo tras la difusión de sus audios sobre las coimas del 3 % de Karina Milei) dio de baja las pensiones tras enviar avisos mal hechos, llenos de incomprensibles tecnicismos y sin darles a las personas afectadas la chance real de defenderse ante semejante arbitrariedad.
Extracto del fallo del juez Días Martínez
“Está probado que la Administración cortó o dio de baja pensiones no contributivas por discapacidad sin ningún acto administrativo previo, lo que significa que actuó de manera totalmente arbitraria, violando derechos y garantías fundamentales de forma grave y directa”, escribió el juez Díaz Martínez.
La fundamentación se basa en el concepto de que las pensiones no contributivas forman parte del patrimonio de quienes las reciben y que sólo pueden ser suspendidas si se sigue un proceso legal que garantice el derecho a defensa, el debido proceso y que el Estado explique claramente por qué toma esa decisión. Esto es todavía más importante cuando lo que está en juego es la salud y la vida de las personas.
Así, el juez federal resolvió “hacer lugar a la demanda colectiva” y “declarar con efecto expansivo hacia el total del colectivo conformado por los titulares de pensiones no contributivas ley 13.478, su derecho a continuar gozando de ellas, y a que se le restituyan el total de las pensiones suspendidas y retenidas con base en el decreto 843/24, sin acto administrativo previo”. A su vez, ordena al Estado “el pago de las pensiones retenidas en el plazo de 24 horas” de dictada la sentencia”.
Otra causa de Emergencia
Al fallo del juez catamarqueño se suma lo sucedido en otra causa surgida de una presentación colectiva de personas y organizaciones. En las últimas horas el juez federal de Campana Adrián González Charvay rechazó la recusación en su contra presentada por la Procuración del Tesoro, es decir por los abogados del Poder Ejecutivo. El Gobierno pretende correr al magistrado de la causa en la que está al caer la declaración de inconstitucionalidad del doble veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En ese expediente, el amparo colectivo fue presentado por más de veinte organizaciones que nucléan a familias de niñas, niños y demás personas con discapacidad después de que Milei firmara el decreto en el que, si bien la promulgó, suspendió la Ley de Emergencia escudándose en la supuesta falta de recursos económicos para cumplirla. Todo ello a pesar de que el Congreso no sólo votó la norma sino que insistió en ella tras un primer veto presidencial.
El juez González Chavay les dio la razón a las y los demandantes, rechazando todos los intentos del Ejecutivo por frenar el avance de la causa. Cuando todo parecía encaminarse a la declaración de inconstitucionalidad de la “suspensión” de la Ley por parte de la Casa Rosada, el procurador del Tesoro Santiago Castro Videla (jefe de los abogados del Estado), recusó al magistrado acusándolo absurdamente de haber “prejuzgado” antes de dictar sentencia.
Ahora debe decidir la Cámara Federal de San Martín, ya que el juez rechazó la recusación y demuestra su intención de mantenerse al frente del caso. La Cámara ya tiene en su poder un informe del juez, que deberá contraponerse a los “argumentos” del Gobierno para intentar sacarlo del medio. Mientras tanto, el expediente queda a la espera de esa resolución. Y el tiempo sigue pasando.
La situación irrita, con justa razón, a las y los miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes no sólo ven cómo se dilata la aplicación de las medidas que les favorecen sino cómo, paralelamente, la ANDis se convirtió en un centro de corrupción motorizado por funcionarios y grandes empresarios. El gobierno que supuestamente llegaba a imponer “moral” contra la “casta”, queda al desnudo en una trama cargada de crueldad contra los sectores más vulnerados de la sociedad.
Karina "3 %" Milei, Diego Spagnuolo, Martín Menem y Javier Milei. Hasta las manos
Tanto el fallo del juez de Catamarca como las idas y vueltas en los tribunales de Campana se dan en medio del reavivamiento de la causa judicial tramitada en los Tribunales Federales de Comodoro Py donde se investiga la trama de coimas, contrataciones irregulares y sobreprecios en la ANDis. Se estima que el desvío de fondos públicos a manos privadas podría llegar a los $ 48 mil millones entre coimas y retornos.
Luego de que el juez Sebastián Casanello levantara el secreto de sumario y se conociera el dictamen del fiscal Franco Picardi (a cargo de la investigación) esta semana comenzó la serie de declaraciones indagatorias de las y los imputados. La gran mayoría, al menos de momento, se negó a declarar o hizo tenues descargos autoexculpatorios.
En ese expediente ya fueron detenidos dos empresarios. Se trata de Pablo Atchabahian, quien fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri y acaba de ser detenido por orden de Casanello. El otro es Miguel Ángel Calvete, un reconocido operador en tramas comerciales con el Estado. Su detención se produjo por otra causa, donde fue condenado a cuatro años de prisión por obtener ganancias millonarias regenteando negocios de prostitución.
Cuando Luis “Toto” Caputo asumió en el Ministerio de Economía, nombró en altos cargos a varios familiares de Calvete. Su hija Ornella pasó a ser directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de esa cartera. Un puesto estratégico. Ella acaba de renunciar, luego de que saliera a la luz que en uno de los allanamientos realizados en su casa por orden del fiscal Picardi, se encontraron U$S 700 mil en efectivo, además de muchos euros y varios millones de pesos, todo obviamente sin declarar. Se cree que al resto de los familiares funcionarios no les queda mucho tiempo en sus puestos.
En esa causa ya hay quince imputados. Además de Calvete y Atchabahian, están el propio Spagnuolo y Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a Servicios de Salud de la ANDis, también corrido del cargo tras la difusión de los audios en agosto. Como se recordará, en esos registros sonoros Spagnuolo (hasta entonces amigo personal y abogado del Presidente) decía que Garbellini era un coimero al servicio de Eduardo “Lule” Menem, el asesor privilegiado de Karina Milei.
Otros de los personajes sobre los que la fiscalía de Picardi puso la lupa es Sergio Mastropietro, un empresario vinculado a la firma Baires Fly S.A. , dedicada a la realización de vuelos privados. Según consta en el expediente, Mastropietro recibía transferencias millonarias en concepto de “compra de kilómetros nacionales para aeronaves”. Esos millones eran pagados por droguerías como Profarma S.A. , Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L. , todas a su vez proveedoras del Estado.
Mastropietro es mencionado por Miguel Ángel Calvete en mensajes y conversaciones telefónicas en las que aparece como alguien de confianza para orientar y sugerir movimientos de importantes sumas de dinero. Obviamente, sus aeronaves cumplían un rol clave en ese transporte clandestino. Pero, además, el aviador también era socio del narcotraficante Federico “Fred” Machado, el reionegrino financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. Como se titulaba una vieja telenovela de los años 90, amigos son los amigos . (LID) Por Daniel Satur
